REDACCIÓN.- Francisco Javier García Cabeza De Vaca, gobernador de Tamaulipas, ahora sin fuero, no asistió a la sesión del juicio de procedencia en su contra, tal como lo prometió.
Con 302 votos a favor del dictamen, 134 en contra y 14 abstenciones fue aprobada la moción de la Fiscalía General de la República, quien emprende una investigación contra el panista por el presunto delito de defraudación al fisco.
Según la bancada del PAN en el Palacio de San Lázaro, la legislatura estatal, de mayoría albiazul, tendrá la última palabra sobre el desafuero de García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con el dictamen de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el desafuero del gobernador es procedente por un daño de 6 millones 511 mil pesos al fisco federal, que a su juicio acredita el delito de defraudación fiscal sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión.
No obstante, el órgano jurisdiccional consideró “parcialmente acreditada” la acusación de la FGR contra García Cabeza de Vaca como presunto responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evitó por ello una conclusión que pudiera “sobrepasar” el principio de presunción de inocencia.
En ausencia del gobernador de Tamaulipas, la Cámara de Diputados desahogó este viernes el desafuero en medio de descalificaciones y acusaciones entre las fracciones parlamentarias del bloque mayoritario de y de la oposición.
Con la consigna “¡Basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia!”, diputados del PAN liderados por Juan Carlos Romero Hicks manifestaron su rechazo al desafuero del gobernador de Tamaulipas, por considerarlo un proceso sin fundamento legal para impactar en el resultado de las próximas elecciones. “Hoy lo que tenemos que buscar es la verdad y la legalidad y nos lo dicen personas y me duele tener que decirlo. Nos vemos entre circo, Morena y teatro”, puntualizó Romero Hicks.
Previamente, el morenista Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, pidió al pleno avalar el desafuero de García Cabeza de Vaca, al subrayar que existen fuertes indicios para considerar que el gobernador de Tamaulipas declaró de manera fraudulenta el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2019 y dejó de enterar al fisco 6.5 millones de pesos.
“La defraudación fiscal es una conducta frecuente en nuestro país, pero eso no debe llevar a considerar que no es trascendente ni tiene mucha importancia; defraudar al fisco es robar a la nación, porque los ingresos provienen de todos y deben regresar a través de la acción política, a la misma sociedad que los paga, que los aporta a un fondo común”, arengó.
En su turno, la legisladora priista Claudia Pastor, integrante de la Sección Instructora, denunció un indebido desahogo de pruebas en el caso y emplazó a respetar la Constitución, el estado de derecho y la legalidad, sin contribuir al deterioro de las instituciones.
“Me opongo a retirar el fuero constitucional a un gobernador sin las pruebas necesarias, ni la urgencia, ni la gravedad para hacerlo; repongan el procedimiento, desahoguen las pruebas, permítanse la reflexión, ¡háganlo bien!”, puntualizó.
Con información de: Milenio
