AGENCIAS.- En lo que va de este sexenio, de diciembre de 2018 a abril de 2022, al menos mil 537 policías han sido asesinados, un promedio de más de uno cada día, de acuerdo con el seguimiento de casos de la organización Causa en Común.
La mayor parte de ellos son policías estatales y municipales, es decir, mil 439, el 93.6% del total, mientras que en 98 casos se trata de policías federales.
La cifra casi no ha variado en los últimos años, aunque el registro más alto corresponde al 2020, con 524. En 2019, se contabilizaron 446 asesinatos a policías, en 2021 sumaron 401, y en lo que va de este año ya son 122.
Los estados que registran la mayor cantidad de asesinatos son Guanajuato (15%), Estado de México (8%), Chihuahua (7%), Michoacán (7%) y Veracruz (7%). Los policías asesinados en estas cinco entidades suman 651, de acuerdo con el informe “La situación de las policías en México. 2018-2022”, que Causa en Común presenta hoy.
A la violencia que viven los elementos policiacos, se suma el hecho de que las corporaciones, según documenta la organización, se encuentran en una situación de abandono institucional, principalmente en temas de capacitación, equipamiento y prestaciones.
“De la visión negativa de la policía como institución, se desprende la relación distante entre la sociedad y los policías, como ciudadanos y como servidores públicos. El desconocimiento social sobre las condiciones de trabajo de los policías abona a ese alejamiento”, asegura la organización.
En el informe, destacan las condiciones y circunstancias que viven las policías en México: la reducción al presupuesto destinado a las corporaciones, las jornadas laborales, paros y manifestaciones, así como el vínculo con el constante incremento de la militarización de la seguridad pública, la cual, según el reporte, avanza sin pausa y sin resultados.
“El presidente no solo le mintió a la sociedad al no sacar a las Fuerzas Armadas de las calles, sino que mantiene e incrementa su despliegue; incrementa sus ingresos, pero abusa de su lealtad”, indica el documento.
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Ejemplo de ello, es el aumento en el presupuesto de la Secretaría de la Defensa (Sedena) en casi 40%, el de la Secretaría de Marina (Semar) en un 12% y el de la Guardia Nacional (GN) en un 18%. Como consecuencia de la priorización de las Fuerzas Armadas, crece el riesgo de un mayor número de violaciones a los derechos humanos.
Todo ello ocurre, además, en detrimento de las policías locales, que padecen estancamientos presupuestales o mermas de recursos. A esto se suma que los incrementos en presupuesto para las Fuerzas Armadas y la tradicional opacidad de estas instituciones generan que crezca el riesgo de corrupción, señala el informe.
